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El valor de los principios de la economía social

Vik AdNetwork | 8:04 | 0 comentarios

 Por: | 12 de noviembre de 2012

Las empresas de economía social forman parte de nuestro entorno próximo, pero esta cercanía coexiste con un significativo desconocimiento de sus principios y, sobre todo, de su importante contribución a la sociedad. La necesidad de una correcta medición del impacto de esta contribución es crucial para su valoración a nivel político y social, ya que la aportación de sus valores intrínsecos y diferenciadores supera el ámbito económico y se adentra en el concepto de utilidad social.

A lo largo de las últimas décadas tanto la comunidad científica como las instituciones y autoridades legislativas han realizado grandes esfuerzos en la definición de la economía social en el contexto de los nuevos retos sociales, económicos y medio-ambientales, así como en los vinculados a la gestión de estas empresas. Sin embargo, estos avances contrastan con la escasez de análisis de impacto social. En esta línea, precisamente, se ubica una reciente investigación de CEPES que  desarrolla la tesis de que los principios de las empresas de economía social se traducen en un comportamiento diferencial en relación con las características de las personas que configuran sus plantillas y las condiciones de trabajo de sus empleados; su especialización productiva; y su ubicación geográfica. Y este comportamiento diferenciador es el que determina su aportación a la utilidad social, que en el estudio se aproxima a través de la cohesión social y la cohesión territorial.

En la investigación se comparan empresas de economía social con empresas mercantiles ordinarias (sociedades limitadas y sociedades anónimas no laborales) con muestras de más de 13.000 empresas y 31.000 trabajadores. Una vez cuantificadas las diferencias de comportamiento entre ambos grupos, se valoran, en términos monetarios, los efectos identificados mediante el cálculo del beneficio neto total (directo e indirecto) que obtienen tres agentes: las familias (núcleo familiar de los trabajadores/as), los empleadores y las administraciones públicas.

Los resultados obtenidos muestran claramente la generación positiva de utilidad social por parte de las entidades de economía social, en especial en lo referente a la inclusión laboral de ciertos colectivos, a las condiciones de trabajo de los mismos y la prestación de determinados servicios de especial interés social. Así pues, podemos destacar que si la economía social perdiese sus principios y se comportara como empresas mercantiles ordinarias, se producirían los siguientes cambios en nuestra economía:
a.- Cerca de 158.000 trabajadores de algún colectivo con dificultad de acceso a la ocupación perderían su empleo. De ellos, 84.403 serían trabajadores con discapacidad, 1.622 trabajadores en riesgo de exclusión social, 6.635 trabajadores mayores de 55 años, 3.664 mujeres mayores de 45 años y 61.562 trabajadores de baja cualificación.
b.- Un importante número de trabajadores vería modificadas sus condiciones de trabajo: unos 6.800 trabajadores (no incluidos en los colectivos del punto anterior) se verían obligados a cambiar su jornada completa actual por una jornada parcial no deseada y cerca de 156.000 trabajadores verían reducido su salario.
c.- Al año, cerca de 10.500 trabajadores que han disfrutado periodos continuos de empleo en la economía social pasarían a tener una o más experiencias de desempleo.
d.- Un número importante de trabajadores se vería afectado por aspectos relacionados con la igualdad de oportunidades en la empresa: más de 4.100 empleados pertenecientes a colectivos habitualmente infra representados en los puestos más altos de las empresas (mayores de 55 años, con discapacidad o mujeres) dejarían de ocupar estos puestos.
e.- La economía social contribuye a completar la oferta de determinados servicios sociales o de interés social. Si se anulase esta especialización, es decir, si su interés por estos servicios fuese similar al de las empresas ordinarias, en torno a 1.000 empresas que actualmente prestan servicios para personas mayores y personas con discapacidad y cerca de 2.500 empresas del ámbito de la educación y de otros servicios sociales (que incluye las guarderías) desaparecerían, afectando de forma importante tanto al nivel como a la diversidad en la oferta en esta actividades.
f.- Por último, en términos de cohesión territorial, si las empresas de economía social se comportasen como “empresas ordinarias” a la hora de elegir su ubicación geográfica se perderían unos 59.000 puestos de trabajo en las zonas rurales y la población residente en estas zonas probablemente se reduciría en unas 102.000 personas.
Estos efectos se han valorado económicamente, traduciéndose en una contribución (además de la que de forma directa su actividad económica aporta en términos de producción y empleo) de 4.000 millones de euros anuales, que de hecho no recogen la totalidad de la utilidad social generada dadas las dificultades en la valoración de ciertos efectos, especialmente los de carácter intangible. Esta cifra se corresponde principalmente con su contribución a la cohesión social (3.404 millones de euros anuales) ya que en el eje de cohesión territorial, cuya contribución, se fija en unos 525 millones, sólo ha sido posible valorar un reducido número de efectos.

Los hogares (de los/as trabajadores/as) son los agentes que en mayor medida se benefician de los valores de la economía social, ya que ingresan unos 2.590 millones de euros anuales en concepto de rentas salariales netas. El segundo agente más beneficiado son las AA.PP, cuyo beneficio se cifra en unos 1.180 millones de euros anuales y, por último, las empresas, con un beneficio total de 159 millones de euros anuales.

La investigación señalada verifica a nivel empírico el impacto de las empresas de economía social en nuestro país, y es uno más de los interesantes análisis que se están realizando en este campo y que se presentarán próximamente en una Jornada que tendrá lugar en la Universidad Rey Juan Carlos el día 20 noviembre (con posibilidad de seguir en streaming).

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