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La crisis de la solidaridad

Vik AdNetwork | 9:45 | 0 comentarios

Por Rafael Pérez García

La política de solidaridad y convergencia económica que desde 1987 venía aplicando Europa tuvo un éxito extraordinario: el PIB por habitante de los países periféricos más pobres —Portugal, Irlanda, Grecia y España, los despreciativamente llamados PIGS desde la City londinense— pasó de ser en 1986 el 66% de la media al 89% de la UE-15 en 2006. Pero con la gran crisis, el índice de cohesión ha experimentado un importante retroceso: en 2012, el PIB por habitante de los PIGS ha caído al 85%, un retroceso de 10 años en el proceso de igualación socioeconómica europea.

Nadie pone en duda que el impacto más importante sobre esta regresión de la convergencia europea se debe a la crisis bancaria y de deuda soberana, y que sus consecuencias se han visto agravadas por los contestados programas de austeridad. A lo anterior se ha sumado una importante disminución de las medidas europeas de solidaridad cuando estas eran más necesarias.

Por un lado, el comportamiento procíclico del presupuesto europeo, o sea, regar a manta con ayudas en los periodos de fuerte expansión económica, y drenar hasta secar esas fuentes de financiación en el periodo contractivo del ciclo económico. Cuando más necesarias eran las ayudas para la Europa periférica y más difícil conseguir la financiación de los proyectos, la rígida normativa de cohesión produjo el señalado efecto perverso de infrautilización con las inevitables secuelas sobre el empleo y la actividad económica.

De otra parte, la carta de 2003 en la que Reino Unido, Alemania, Francia, Suecia, Holanda y Austria proponían reducir el presupuesto de la Unión para 2007-2013 tuvo como consecuencia un endurecimiento normativo de la política de cohesión y un reforzamiento en las instituciones de la corriente neoliberal en la aplicación práctica de esta política común. Este cambio de panorama ha impactado fuertemente en países, como el nuestro, habituados a condiciones de contratación laxas, lo que ha dificultado el uso de las ayudas.

Los registros españoles de estas ayudas para la inversión pública han indicado cómo estas descendían del 0,7% anual del PIB en el periodo 2000-2008 al 0,5% en 2009-2012. Pero más que la reducción de las ayudas preocupa su nivel de utilización. A punto de finalizar el septenio 2007-2013 para el que fueron aprobadas las ayudas vigentes, el nivel de utilización del fondo más importante, FEDER, está en poco más del 60%, cuando en similar momento del septenio anterior, pese a ser doble el volumen de las ayudas, era de casi el 80%. Los porcentajes inferiores de ejecución se dan en Andalucía y Galicia, y por sectores asistimos al desplome de los proyectos de I+D+i y al frenazo en las infraestructuras de transporte. En la actual situación económica de España el evidente riesgo de perder más de 5.000 millones de euros en ayudas europeas nos parece insoportable.

Los poderes públicos tienen que ser capaces, como lo fueron en el pasado, de conseguir que estas ayudas no se pierdan, sino que se utilicen con criterios de eficiencia. Se trata imperativamente de aprovechar la contribución europea para políticas de crecimiento y empleo, aún en emergencia.

ElPais

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